Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y San Sebastián de los Reyes impulsan la subida de los precios de la vivienda en Madrid

En Majadahonda el Ayuntamiento tarda una media de 16 meses en tramitar una licencia de obra nueva, y en Pozuelo de Alarcón y San Sebastián de los Reyes 14 meses, mientras que en Aranjuez, Valdemoro y Fuenlabrada los ayuntamientos tardan solo 3 meses.

La Comunidad de Madrid sufre un gran déficit de viviendas nuevas, ya que apenas hay 3.000 a la venta en toda la región y al ritmo actual de ventas el ‘stock’ se habrá agotado en un plazo de entre nueve y diez meses.

Según un estudio realizado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y San Sebastián de los Reyes bloquean la vivienda nueva e impulsan el alza de los precios.

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha revisado la situación en los 22 municipios madrileños con más de 50.000 habitantes y el resultado es que el plazo de tramitación de las licencias de obra nueva se dilata una media de ocho meses. Pero hay una diversidad muy notable en estos plazos, como en Majadahonda, donde el Ayuntamiento tarda una media de 16 meses en tramitar una licencia de obra nueva, o de Pozuelo de Alarcón y San Sebastián de los Reyes, donde los plazos medios se sitúan en los 14 meses.

El estudio del Instituto señala que el retraso en la concesión de licencias para proyectos residenciales distorsiona el mercado inmobiliario en esas zonas y retrae la oferta hasta límites extremos que impactan de forma directa en la fijación de los precios de las viviendas en esas zonas. El informe avisa de que el retraso en la concesión de las licencias repercute también en el nivel de costes asociados a la construcción, que se estima que crecen por encima del 5% a partir del sexto mes de paralización de la licencia.

Además de esta zona ‘roja’, formada por Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y San Sebastián de los Reyes, que acumula retrasos superiores a un año en la concesión de licencias de obra nueva, el Instituto ha identificado en su estudio una zona ‘amarilla’ en la que los plazos de concesión de licencias se sitúan entre los seis y los 10 meses y que estaría formada por Madrid, 10 meses; Leganés, Las Rozas, y Pinto, con nueve meses; Móstoles, Alcalá de Henares y Arganda del Rey, con ocho meses; Torrejón de Ardoz y Alcobendas, con siete meses; y Alcorcón y Rivas-Vaciamadrid, con seis meses de plazo medio de demora.

Zona verde

Por otra parte, hay una zona ‘verde’, donde la tramitación de las licencias se hace en menos de seis meses, que estaría formada por Boadilla del Monte, Coslada y Parla, donde los promotores de viviendas tardan cinco meses en obtener los permisos de obra; y Collado Villaba, con cuatro meses. Los ayuntamientos más eficientes serían los de Aranjuez, Valdemoro y Fuenlabrada, que en apenas tres meses resuelven este tipo de gestión administrativa.

El estudio del Instituto señala que por encima de seis meses de plazo de tramitación no hay justificación para no aprobar las licencias de obra nueva. Los medios técnicos de los que disponen las administraciones locales son más que suficientes para gestionar esos expedientes dentro de esos plazos y más en un momento en el que la actividad de la promoción inmobiliaria no es ni mucho menos excesiva a pesar de que se ha reactivado. “Sólo la falta de organización y los modelos ineficientes de gestión municipal pueden permitir demoras tan exageradas como los 16 meses de retraso en la tramitación que se dan en Majadahonda o los 14 de Pozuelo de Alarcón y San Sebastián de los Reyes, resalta.

“Actualmente es inasumible que todo el esfuerzo inversor de los promotores, la creatividad de los arquitectos y diseñadores y las esperanzas de miles de usuarios por acceder a una vivienda choquen con el muro de la ineficiencia municipal a la hora de gestionar las licencias de obra nueva. Hay medios técnicos y modelos de gestión más que suficientes para una tramitación correcta en plazos asumibles. Sólo falta el impulso político para que todo eso funcione. Además, a la vista de los resultados del estudio, queda claro que se trata de un problema transversal que va más allá del color político de los ayuntamientos”, concluyó Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas. (Fuente: Expansión.com)

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